La plantilla de Fremap en Sevilla ha anunciado una concentración de protesta a las puertas del centro hospitalario el lunes 27 de marzo, a partir de las 14:30. La intención es denunciar públicamente “la «precariedad de sus condiciones de trabajo» y la «desigualdad salarial entre empleados de un mismo grupo profesional».

Los trabajadores critican, además, las «pesadas cargas de trabajo» y el hecho de que las jornadas que realizan «no permiten conciliar la vida familiar». En un comunicado, alertan, igualmente, de la «congelación de las carreras profesionales, la imposibilidad para promocionar profesionalmente -sólo reservado a directivos- y una remuneración por debajo del nivel de formación; en muchos colectivos, con salarios que apenas supera el mínimo interprofesional».

Asimismo, los trabajadores reclaman un convenio colectivo «que les represente». «Con salarios dignos, reparto homogéneo de la masa salarial, activación de carreras profesionales, jornada de 35 horas, implantación del teletrabajo, así como un plan de igualdad y de riesgos psicosociales», recoge el escrito de denuncia pública.

La plantilla recuerda que es el Estado quien dirige y tutela la actividad de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social -antiguas Mutuas de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales-, que gestionan las prestaciones económicas y sanitarias de los accidentes de trabajo, de cese de actividad de autónomos y por riesgo de embarazo, entre otras. «Esta modalidad de colaboración público-privada se traduce en que los trabajadores de Fremap sufran a la vez los recortes del personal público y las políticas restrictivas de la empresa privada», añaden las mismas fuentes.

Fremap cuenta con una plantilla de 4.000 personas que prestan asistencia a trabajadores de más de 478.000 empresas, y gestiona el 25% de las prestaciones de todo el sector. Cada año, la Tesorería General de la Seguridad Social le transfiere cerca de 4.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones de cinco millones de trabajadores por cuenta ajena y propia, «lo que se traduce en una gestión privada de recursos y prestaciones públicas por parte de los mismos empresarios», según datos aportados por la plantilla.