24 septiembre, 2026

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que la Ley Integral frente a las Agresiones a Profesionales Sanitarios se llevará al Parlamento como decreto ley antes de final de año ante la “urgencia y necesidad de una norma que proteja a nuestros sanitarios en el ejercicio de su profesión”.

El titular de Sanidad, que ha asegurado que “una agresión contra los profesionales sanitarios no constituye únicamente un problema de seguridad ciudadana y es también actualmente un riesgo laboral”, ha señalado que la primera norma que en esta nueva legislatura va a presentar esta Consejería al Consejo de Gobierno y posteriormente al Parlamento será esta ley que “queremos que sea un referente nacional, una norma pionera, nacida del diálogo con los profesionales”.

La norma, que contará con un régimen sancionador propio, distinto, con una tramitación directa, prevé “sanciones que no serán sólo económicas y que abordan también la reincidencia o el acoso cibernético”, además de vías para facilitar a los profesionales la denuncia, para que “no tengan miedo a denunciar y se sientan siempre protegidos”.

El vicepresidente primero ha hecho este anuncio en la inauguración de las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud, que se celebran en Almería bajo el lema ‘Cuidar a quienes nos cuidan: innovación y prevención para una sanidad más segura’, y en las que ha recordado que durante 2025 se registraron en Andalucía 1.976 agresiones a profesionales sanitarios, de las que cerca del 80% fueron verbales.

Por esto ha defendido que “proteger a nuestros profesionales exige una visión mucho más amplia de los riesgos laborales, que debe incluir necesariamente la lucha contra las agresiones que sufren quienes trabajan en nuestro sistema sanitario”. En este sentido ha recordado que el Gobierno andaluz ha desarrollado una estrategia integral que aborda esta realidad desde múltiples perspectivas, haciendo de la protección de los profesionales una prioridad absoluta.