El Colegio de Enfermería en defensa de las enfermeras y enfermeros de Sevilla y provincia, ha presentado el día 31 de marzo, escrito de denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz, en su calidad de institución competente de la defensa y tutela de los derechos de los ciudadanos.

Requiriendo a dicho órgano para que inicie las averiguaciones pertinentes conforme a ley, sobre la actuación llevada a cabo por parte de la Administración Pública andaluza, ante el reiterado desamparo de las autoridades sanitarias que estamos sufriendo los profesionales sanitarios y en concreto, los profesionales de enfermería en esta pandemia por coronavirus, debido a la falta objetiva y contrastable de medios y equipos de protección para evitar contagios a los propios sanitarios, pacientes y población en general.

Con toda certeza por esa falta materiales y equipos de protección, los profesionales -sin saberlo y/o en fase asintomática- podemos estar actuando como vectores peligrosos de la propagación del covid-19 en los centros sanitarios, en las relaciones entre compañeros en los propios centros, con los familiares en casa y en los centros de suministros alimentarios cotidianos.

La protección de riesgos de todos los trabajadores se contempla de manera normativa y muy estricta, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y decretos que la desarrollan, de obligado cumplimiento para todas las empresas y de manera especial para las empresas de titularidad pública, como es el caso del Sistema Público de Salud que tendría que dar ejemplo de cumplir la ley.

El Colegio de Enfermería de Sevilla, se siente impotente ante la grave persistencia en el incumplimiento de las exigencias ya promovidas por nuestra corporación -ante otras instancias de gobierno y administración de Andalucía-, para la protección, seguridad y test de detección del coronavirus al personal sanitario a fin de descartar y evitar contagios.

Las enfermeras y enfermeros como ciudadanas y ciudadanos, a través del Colegio con la esperanza de no caer en saco roto nuestras QUEJAS, hemos solicitado formalmente al Defensor del Pueblo la tutela de los derechos constitucionales que nos asisten, para que se aplique la normativa de protección ante las graves situaciones de riesgos con equipos homologados suficientes, los cuales deben cumplir la normativa europea de seguridad.

Por eso también hemos recurrido al Defensor del Pueblo, a fin de que proceda a realizar oficialmente las averiguaciones expuestas y si se dedujeran de las mismas y se ratificaran dichas situaciones en falta dolosa de protección de la enfermería sevillana, inste a las autoridades sanitarias que correspondan a dirimir sus responsabilidades y procedan al cumplimiento y disposiciones exigidas en la propia LPRL y decretos relacionados.

No es casual que se haya disparado la tasa de contagio del personal sanitario hasta un 23% en Andalucía, lo cual es un porcentaje escalofriante y categórico con cifras elevadísimas en algunos hospitales y residencias de mayores. Con esta cifra se pone al borde de su viabilidad la propia persistencia de la atención y cuidados a los pacientes. Andalucía en el porcentaje de contagio de los profesionales sanitarios de manera escandalosa se sitúa muy por encima de todas las regiones de España y de todos los países del mundo, incluyendo los que han sido golpeados en esta pandemia con parecida virulencia como Italia 9% y China 4%.   

Cuando pase esta pandemia -existiendo una bolsa del SAS con 16.000 profesionales de enfermería esperando un contrato-, será la hora de actuar por parte de los profesionales con la firmeza más absoluta y reclamar a los responsables políticos sanitarios que sin más excusas maniobreras repetidas como siempre han hecho en Andalucía sin hacer nada para su resolución, la ratio de enfermeras/os por cien mil andaluces (459) en la cola de todas las comunidades autónomas, sea por lo menos igual a la media de España (546). 

El día 13 de abril se nos ha remitido desde la oficina del defensor del pueblo andaluz la correpondiente comunicación en la que se nos indica que nuestro escrito ha sido admitido a trámite y que proceden a iniciar las actuaciones ante los organismos administrativos afectados para investigar los hechos que motivan su reclamación. En concreto, con esta misma fecha, hemos solicitado los informes necesarios ante la Gerencia Provincial de Sevilla del SAS y la Dirección General de Personal del SAS para poder conocer todos los datos precisos que afectan a la cuestión planteada en su
escrito.