3 de octubre, 2026

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, contra la Orden de 21 de julio de 2026 de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que regula los requisitos materiales, funcionales y de calidad de los centros y servicios para la atención de personas mayores en Andalucía, al considerar que no garantiza una presencia mínima de profesionales de Enfermería en las residencias.

Esta decisión, acordada por el Pleno del CAE celebrado el pasado 26 de octubre en Granada, supone un nuevo paso en la defensa de la calidad asistencial y la seguridad de las personas mayores, después de que la organización colegial trasladara reiteradamente a la Administración autonómica su preocupación por las consecuencias de esta regulación.

La norma, publicada el 27 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), elimina la ratio mínima de 0,04 enfermeras por residente, equivalente a una profesional por cada 25 personas, e integra a estas profesionales en una categoría más amplia de personal de atención directa de segundo nivel (AD2N).

Esta categoría asume funciones de programación, coordinación, seguimiento de la atención y gestión de casos, pero permite que estos puestos sean ocupados por profesionales con diferentes niveles de formación, incluidos perfiles no universitarios. Aunque la normativa establece que el 50 % del personal AD2N deberá contar con una titulación universitaria o una especialidad formativa de nivel 4, no contempla expresamente la presencia de enfermeras ni garantiza que determinadas funciones sean asumidas por estas profesionales conforme a sus competencias. Asimismo, aunque la cartera de servicios obliga a garantizar cuidados de Enfermería, como la administración de medicamentos, curas o sondajes, la Orden no establece una dotación mínima de enfermeras que asegure su prestación.

Una cuestión de salud y seguridad

El CAE advierte de que esta regulación puede tener consecuencias directas sobre la salud y la seguridad de las personas mayores, especialmente ante el aumento de la dependencia, las enfermedades crónicas y la complejidad de los cuidados que requieren los residentes. «Las personas mayores que viven en residencias tienen derecho a recibir cuidados profesionales, seguros y adaptados a sus necesidades. No podemos aceptar que una regulación que pretende mejorar la calidad de estos centros no garantice expresamente una dotación mínima de enfermeras», sostiene el vicepresidente del Consejo Andaluz de Enfermería, Rafael Campos.

La organización colegial alerta, además, de que la desaparición de una ratio enfermera específica puede reducir la capacidad asistencial de las residencias y trasladar una mayor demanda al Sistema Sanitario Público de Andalucía, incrementando la presión sobre una Atención Primaria que ya soporta una elevada carga de trabajo.

Años de advertencias sobre la situación de las residencias

El Consejo Andaluz de Enfermería recuerda que lleva años denunciando la falta de profesionales y las elevadas cargas asistenciales en las residencias andaluzas. Ya en septiembre de 2022 alertó de esta situación y, en agosto de 2025, trasladó formalmente a la Consejería su preocupación por el proyecto normativo, solicitando el mantenimiento o la mejora de la ratio mínima de enfermeras.

Sin embargo, el CAE lamenta que el texto definitivo no haya atendido estas consideraciones. «Esta Orden era una oportunidad para adaptar la atención en residencias a las necesidades generadas por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la creciente complejidad de los cuidados. Sin embargo, se ha aprobado una regulación que no garantiza la presencia mínima de las profesionales capacitadas para prestar esos cuidados», añade Rafael Campos.