• Exigen a la Consejería de Salud que ejecute las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anulan la exención de colegiación para los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público Andaluz
• En defensa de los derechos de los usuarios, profesionales sanitarios y de los propios colegiados, los Colegios provinciales piden responsabilidad patrimonial al Gobierno andaluz por los daños que ha supuesto para el colectivo enfermero la aplicación de esta ley inconstitucional

El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), reunido en Córdoba en el día 24 de marzo, acordó interponer, a través de los Colegios provinciales, una reclamación a la Administración Pública Autonómica por los daños y perjuicios que les ha ocasionado la normativa andaluza en materia de colegiación. El Tribunal Constitucional (TC) anuló en 2013 mediante dos sentencias el citado marco legal, que posibilitaba la no colegiación de los profesionales que trabajaban en el Sistema Sanitario Público Andaluz. Pese al reconocimiento por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de la inconstitucionalidad de su norma y la obligación de acatar las sentencias del Alto Tribunal, aún siguen sin ejecutarlas.

En el desarrollo del Pleno del CAE, se analizó si la reclamación por el impago de cuotas, ante la nulidad de la norma andaluza, habría que realizarla a los profesionales o directamente a la Junta y, tras estudiarlo, los presidentes de los Colegios de Enfermería coincidieron en que los profesionales no son los culpables de que haya existido una ley inconstitucional, sino que es responsabilidad de la Administración que la aprobó, y es a ella a quien hay que reclamarle que se restituyan los daños y perjuicios causados.

Los Colegios de Enfermería andaluces se encuentran en la obligación jurídica de exigir a la Administración Autonómica el cumplimiento de las sentencias del TC, como señala la propia Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que indica que “los poderes públicos están obligados a cumplir lo que el TC resuelva”.

De esta forma, los Colegios tienen el deber de reclamar que se subsane el perjuicio que esta actuación negligente le ha causado y le está causando al colectivo enfermero, tal y como se dispone en el artículo 139.3 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), que señala que las Administraciones Públicas indemnizarán a los perjudicados por la aplicación de actos legislativos que estos no tengan el deber jurídico de soportar. Además, sería una irresponsabilidad que las instituciones colegiales de Enfermería no hicieran valer dicho derecho ante los tribunales.

Desde que la Junta de Andalucía permitió por ley la exención de colegiación para aquellos profesionales que trabajaban en exclusiva para el sector público, tanto los Colegios provinciales de Enfermería como el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) han defendido siempre la inconstitucionalidad de dicha norma, hasta que, finalmente, el Tribunal Constitucional lo ha corroborado en dos ocasiones.

Como consecuencia de todo este largo proceso judicial y el incumplimiento del fallo del Alto Tribunal por parte de la Administración Autonómica, los Colegios de Enfermería andaluces han sufrido un daño irreparable, que ha perjudicado el ejercicio pleno de su labor en defensa de la práctica correcta del colectivo enfermero, afectando al mismo tiempo a la seguridad de los pacientes, así como al resto de los profesionales sanitarios.

El presidente del CAE, Florentino Pérez, indica que “se trata pues, de una responsabilidad patrimonial que corresponde únicamente a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Salud, que continúan sin respetar el dictamen de nulidad de la normativa de colegiación andaluza que emitió el Constitucional, acarreando con esta sinrazón graves efectos económicos para el conjunto de nuestra Comunidad”.

Por eso, en defensa de los derechos de los usuarios, de los profesionales sanitarios en general y de los propios colegiados en particular, las instituciones colegiales de Enfermería de las ocho provincias exigen a la Administración Pública andaluza que proceda a la ejecución de las sentencias del TC en materia de colegiación. Asimismo, los Colegios reclaman a la mencionada administración que les reponga de los daños y perjuicios causados por la prolongación de una normativa de colegiación que es inconstitucional.