Ante la privatización del sistema sanitario a través de la mal llamada farmacia “comunitaria”

La ministra de Sanidad asegura que asistencia, diagnóstico, tratamiento y cuidado son funciones exclusivas deenfermeras y médicos y que los farmacéuticos no están formados para ello

• María Luisa Carcedo responde así a la carta remitida por la Mesa de la Profesión Enfermera en la que se demandaba la intervención del Ministerio de Sanidad ante la mal llamada “farmacia comunitaria” y recalca que no se prevén nuevas funciones para lasoficinas de farmacia ni la creación de la asistencia farmacéutica a domicilio.

• Algunas comunidades autónomas están promoviendo proyectos para que establecimientoscomerciales particulares con ánimo de lucro, como son las oficinas de farmacia,hagan actuaciones asistenciales que no son de su competencia, como el seguimiento de los pacientes o las visitas a los domicilios, cobrando, además, por ello.

• La Mesa de la Profesión Enfermera -integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE- denuncia que lasactuaciones asistenciales que quiere realizar la “farmacia comunitaria” suponen la privatización de la Atención Primaria y la Sanidad pública.

Madrid, 7 de noviembre de 2018.-La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha remitido una carta a la Mesa de la Profesión Enfermera -integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE-,en respuesta a la enviada el pasado mes de julio por este órgano en la que se reclamaba la intervención del Ministerio ante la mal llamada “farmacia comunitaria”.

Para los representantes de la Enfermería, se trata de un intento de privatización encubierta de la Atención Primaria pública, al delegar en establecimientos comerciales privados funciones que ahora se realizan con normalidad por parte de los profesionales de la Sanidad pública -enfermeros y médicos-, como es el seguimiento a pacientes crónicos o algunos aspectos de la atención domiciliaria.

En la carta remitida en julio al Ministerio de Sanidad, la Mesa de la Profesión Enfermera le reclamaba su activa participación para que, de manera conjunta con las comunidades autónomas, se frenase cualquier proyecto que pudiese suponer la usurpación de las competencias propias de las enfermeras y médicos que trabajan en el ámbito de la Atención Primaria.

María Luisa Carcedo se ha mostrado a favor en su carta de los planteamientos defendidos por la Mesa de la Profesión Enfermera, al contar con el respaldo de la legislación y la legalidad vigente, y se muestra categórica a la hora de disipar las dudas sobre esas nuevas funciones asistenciales que pretendenatribuirse ahora las farmacias bajo lo que algunos han bautizado como farmacia “comunitaria”, una figura no reconocida legalmente ni en el ordenamiento profesional.

La Mesa de la Profesión Enfermera agradece el compromiso demostrado por la ministra de Sanidad con la defensa y mantenimiento de la sanidad pública, así como con la labor de sus profesionales para mejorar la atención y cuidados a pacientes y ciudadanos.

Cabe recordar que las farmacias están haciendo uso de una denominación, “comunitaria”, que en Ciencias de la Salud pertenece a dos especialidades, médica y enfermera, ambas reguladas por Ley y a las que se accede mediante sistema MIR y EIR: deben superar una oposición nacional y una residencia en centros sanitarios de dos años las enfermeras y cuatro los médicos.

Así, Carcedo asegura en su misiva que “las funciones que corresponde realizar a la profesión farmacéutica están claramente delimitadas en el artículo 1 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación  servicios de  las oficinas de farmacia; en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías  y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios;  y en el artículo 6.2b) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación de  las  profesiones sanitarias, sin que la Administración del Estado tenga prevista ni  la ampliación o modificación de dichas funciones  en los términos  apuntados en su escrito, ni la creación tampoco la figura de la asistencia farmacéutica a domicilio”.

“A este respecto -añade-, este Ministerio considera que las funciones que la citada legislación atribuye a los y las farmacéuticas, incluidas las relativas a la vigilancia de la salud pública, en ningún caso pueden realizarse en detrimento de las de diagnóstico, tratamiento y cuidado, que la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias atribuye a profesionales de la Medicina y Enfermería, para las que las y los farmacéuticos no han recibido formación en  sus estudios de grado”.

La ministra reconoce la importancia de la asistencia farmacéutica como un aspecto importante en la atención al paciente y la “recomendable colaboración puntual entre las oficinas de farmacia y el Sistema Nacional de Salud”.  A juicio de la Mesa, ello no debe utilizarse para que se sustituya una por la otra y, mucho menos, al conllevar la  “farmacia comunitaria” el cobro de una cantidad económica a la administración pública y al ciudadano al objeto de que los empresarios farmacéuticos incrementen sus beneficios.