El día 22 de abril se presentó querella por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores del artículo 316 y siguientes del Código Penal, y otros conexos. Dicha querella se presentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se exijan las responsabilidades oportunas en defensa de las enfermeras y enfermeros que a diario se juegan la vida frente al virus atendiendo y cuidando a los pacientes. La querella se dirige contra el Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad y otros cargos del departamento (la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, la Subdirectora General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo).

Ante el gran número de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento, a día de hoy de 54 sanitarios, el CGE llevó a cabo una investigación. En palabras del presidente del CGE «conociendo el Gobierno y el Ministerio de Sanidad al menos desde finales de la existencia y el alcance de la gravedad del virus, como es que no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales senaitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos -como las mascarillas- o los test sin la fiabilidad suficiente«.

Próximamente, en consonancia a la actuación seguida por el Consejo General de Enfermería, el CAE y los ocho colegios provinciales de Enfermería valorarán su adhesión a la querella presentada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Tambien en el día de ayer, mas de 800.000 profesionales de la salud, agrupados en los Consejos Generales de Colegios Oficiales, volvieron a exigir a las autoridades sanitarias la dotación con material de protección obligado a todos los profesionales y que éste reúna todas las condiciones debidas de homologación, así como la realización de test a todos los sanitarios y el mayor número de pruebas a la población. En el mismo comunicado los Consejos lamentan que las autoridades sanitarias no cuenten con su «conocimiento, asesoramiento y capacidad de gestión» para luchar contra el Covid-19 y abanderar soluciones que mejoren la situación que vivimos.

Como bien sabéis, y se comunicó el pasado día 31 de marzo, el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), en nombre de los ocho colegios provinciales de enfermería, en defensa de los intereses de sus profesionales, también decidió presentar una denuncia en la Fiscalía Superior de Andalucía, contra la delgada del gobierno en Andalucía y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía. (Ver la mencionada información)